El propósito de esta propuesta no es simplemente señalar el evidente fracaso de la denominada “Guerra contra las Drogas”, que ha sido calificada como “un fracaso estrepitoso”, según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Tampoco buscamos enfatizar los potenciales daños causados por las sustancias psicoactivas, ya que estos son ampliamente reconocidos y han sido extensamente documentados por la comunidad científica.

Nuestro objetivo fundamental es presentar una sólida alternativa a las reformas que, de manera insuficiente, se desvían del enfoque de combate o persisten en la ineficaz prohibición de las drogas. Esta ineficacia ha sido ampliamente reconocida, como se refleja en el último informe de las Naciones Unidas sobre drogas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Además, ya en 1988 se publicó el informe “Drug and Punishment: An up-to-date Interregional Survey on Drug-Related Offenders” por parte del United Nations Social Defense Research Institute, Roma, 1988. Dicho informe destacó la tendencia general de las legislaciones penales sobre drogas a alejarse de los principios generales del derecho.

Como bien señala Escohotado, la guerra contra las drogas no concuerda con el marco tradicional de derechos ni con la separación de funciones consagradas constitucionalmente. Este enfoque involucra la intervención del ejército en tareas civiles, establece la presunción de culpa en lugar de la presunción de inocencia, permite el uso de mecanismos de inducción al delito, suspende la inviolabilidad del domicilio sin orden de registro y pone fin al secreto bancario para las cuentas de personas sospechosas, entre otros aspectos problemáticos.

Actualmente, se han presentado diversas alternativas, que abarcan desde la venta con fines medicinales hasta el consumo recreativo, el autoconsumo, las plantaciones comerciales, la descriminalización, la legalización parcial y la venta al detalle mediante establecimientos de propiedad estatal. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas presentan enfoques fragmentados que no abordan de manera completa lo que algunos consideran un problema elemental, con el potencial de subvertir el orden social. En cambio, estas propuestas suelen ser soluciones parciales que dejan varios aspectos sin resolver, permitiendo que las organizaciones criminales continúen aprovechando las lagunas en la regulación estatal y operando en la economía sumergida.

La propuesta de República Libre se basa en el enfoque de revocar la prohibición, en línea con las ideas del filósofo español Antonio Escohotado Espinosa. Sin embargo, no nos limitamos a este planteamiento inicial. También es crucial articular cómo funcionará este nuevo mercado y establecer las responsabilidades y reglas a las que estarán sujetos todos los participantes. Siguiendo el modelo de regulación utilizado en la venta y consumo de alcohol, donde se prohíbe el acceso a menores de edad y se exige la etiquetación de productos con detalles sobre su contenido y origen, nuestro enfoque propone una serie de reglas específicas para garantizar la seguridad y la responsabilidad de todas las partes involucradas.

La propuesta se basa en seis pilares que sirven como columna vertebral de la reforma total que República Libre plantea. Esta reforma está abierta a modificaciones según las necesidades de cada sociedad o las posibilidades de los países, estados o municipalidades que deseen implementarla. Sin embargo, es fundamental mantener los seis pilares que constituyen la esencia de esta propuesta, ya que de lo contrario estaríamos hablando de una propuesta completamente diferente.

Los seis pilares son los siguientes:

Legalidad: Todas las drogas conocidas y por conocer serían legalizadas tanto en su consumo como en su producción, sujeta a cumplir con las leyes vigentes en materia tributaria, laboral y penal.

Verticalidad: Las organizaciones que ingresen al mercado serían responsables de todo el proceso, desde la producción hasta la venta al consumidor, bajo una misma entidad legal, lo que implica que cualquier disputa o demanda estaría sujeta a la jurisdicción de los tribunales.

Trazabilidad: Las organizaciones deberían llevar un registro detallado de sus productos, incluyendo la procedencia de las materias primas, el proceso de producción y la composición química del producto. Esta información se almacenaría en una base de datos vinculada a cada cliente durante al menos cinco años, y la falta de cumplimiento con este pilar conllevaría multas y responsabilidad penal, cuando corresponda.

Focalización: La venta estaría restringida a lugares privados bajo la administración de las organizaciones que participan en el mercado, y el consumo solo se permitiría en estos lugares, denominados “clubes de consumidores”. Se consideraría ilegal la venta o posesión fuera de estos clubes, y cualquier infracción estaría sujeta a multas y penas, según corresponda.

Transparencia: Las organizaciones deberían estar dispuestas a permitir inspecciones por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, la ubicación de los clubes de consumidores sería de conocimiento público, y se otorgaría acceso a la información generada por sus actividades, tanto a nivel general como a la información de los clientes, para permitir una toma de decisiones oportuna en materia de salud pública o soluciones a problemas relacionados con casos específicos.

Registro Público: Todos los involucrados en el mercado deberían registrarse y cumplir con los requisitos establecidos por esta reforma para operar. Los clientes también deberían estar registrados en los clubes de consumidores y ceder información sobre sus consumos al Estado, con la comprensión de que terceros podrían exigir acceso a esa información.

Algunas consideraciones adicionales:

La tecnología de cadenas de bloques (Blockchain) podría utilizarse para aplicar los pilares de registro público, trazabilidad y transparencia.

Los clubes de consumidores podrían realizar actividades adicionales, como la venta de bebidas alcohólicas o entretenimiento en vivo, siempre que cumplan estrictamente con los pilares de la propuesta de reforma.

El acceso al mercado estaría restringido a adultos de acuerdo con la legislación dominicana y según la legislación de cada pais que se sume, y cualquier violación de esta norma conllevaría multas y responsabilidad penal para los administradores de la organización que incumpla.

La externalización de alguna fase de producción solo sería permitida en lugares donde sea legal, y se debería respetar la legislación de los territorios donde no lo sea, siempre manteniendo la verticalidad y trazabilidad.

A pesar de la legalización, se podrían establecer regulaciones adicionales en función de la evidencia científica sobre dosis perjudiciales para la salud del individuo, adaptando las dosis permitidas y los tiempos recomendados según la investigación acumulada dentro del sistema.

Cometer un delito bajo la influencia de una sustancia sería considerado un agravante que aumentaría las sanciones para el individuo responsable.

-Las autoridades que entren en colusión para la incumplimiento de alguno de los pilares podrían enfrentar la pena máxima que contenga el código penal.

-La entrada al mercado es libre siempre en cuando se demuestre la capacidad de cumplir con los 6 pilares y se tenga autorización de parte de la comunidad(este aspecto está abierto a deliberación) para la instalación de un club de consumidores.