La problemática

Muchos dominicanos ven la electricidad como un lujo en vez de un servicio básico. Los apagones frecuentes, las tarifas altas y el servicio inestable afectan la vida diaria y el desarrollo del país. Detrás de esto hay un problema estructural profundo que se arrastra por décadas y que ningún gobierno ha resuelto de fondo.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) ha documentado con precisión la magnitud del problema. A junio de 2024, las pérdidas acumuladas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad alcanzaron el 43.9%, lo que significa que, por cada 100 GWh adquiridos, 44 no fueron facturados, una pérdida equivalente a USD 608.7 millones en energía no cobrada. Para junio de 2025 las pérdidas se ubicaban en torno al 37.6%, muy por encima del promedio latinoamericano de entre 10% y 15%, y muy lejos de países como Chile y Uruguay donde se sitúan entre el 6% y el 8%.

El CREES advierte que, sin cambios estructurales en la gestión, estas pérdidas seguirán aumentando, obligando al gobierno a aumentar impuestos o endeudarse aún más. En 2024 el gobierno presupuestó RD$86,393 millones para cubrir el déficit de las EDE, y ya al mes de julio había ejecutado el 58.6% de ese monto. Ese dinero podría destinarse a salud, educación e infraestructura. En cambio, se usa para sostener la ineficiencia de un modelo que no tiene incentivos para mejorar.

Por qué el modelo actual no funciona

El sistema actual está fuertemente intervenido y controlado por el Estado. Esto genera politización de las decisiones, ineficiencias crónicas, mantenimiento deficiente y tolerancia al robo de energía. Las pérdidas se socializan: el gobierno cubre los enormes déficits con dinero público, lo que crea un hueco fiscal gigantesco sin mejorar realmente el servicio.

El CREES advierte que, sin cambios estructurales en la gestión, estas pérdidas seguirán aumentando, afectando a los contribuyentes y obligando al gobierno a aumentar impuestos o endeudarse aún más para cubrir los costos. El CREES propone que la gestión privada de las distribuidoras eléctricas crearía los incentivos necesarios para reducir las pérdidas.

El contraste con el modelo privado es elocuente. Mientras las distribuidoras estatales acumulan pérdidas superiores al 40%, el sector privado opera con pérdidas por debajo del 10% y con facturación real. La diferencia no es técnica, es de incentivos. Donde hay competencia y rendición de cuentas, hay eficiencia. Donde hay monopolio estatal y clientelismo, hay déficit.

La falta de competencia real desincentiva la inversión privada eficiente y mantiene un círculo vicioso de subsidios ineficientes y servicio pobre.

Propuesta de República Libre

República Libre propone un modelo donde la mayor parte del sistema eléctrico pase a manos privadas con competencia real, manteniendo solo una participación limitada del Estado en el segmento de transmisión.

Cómo operaría cada nivel del sistema:

Generación privada La energía sigue siendo producida por generadores privados, como ocurre actualmente.

Transmisión Una empresa única con participación del Estado y acciones en el mercado de valores. Se encarga de transportar la energía desde los generadores hasta las subestaciones.

Distribución privada Empresas privadas se encargan de llevar la energía desde las subestaciones hasta los hogares.

Comercialización privada y en competencia Aquí el usuario tiene contacto directo con el proveedor: facturación, cobro y contratos. El ciudadano podrá elegir entre tarifas fijas anuales, semestrales o trimestrales o tarifas con libre fluctuación diaria. Al igual que eliges tu compañía telefónica, podrás escoger tu comercializadora de energía.

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Lo que esta reforma busca lograr

Con esta propuesta se busca terminar con la ineficiencia y el clientelismo político en el sector eléctrico, atraer inversión privada, mejorar la calidad del servicio y reducir los costos a largo plazo, mientras se protege a los más vulnerables mediante subsidios focalizados y directos, no a través de subsidios generalizados al sector que benefician a todos por igual sin importar su capacidad económica.

Más competencia significa mejor servicio y mayor eficiencia. Ese es el principio que guía esta propuesta.