Se define como mora judicial todo  incumplimiento de plazos como el retraso respecto de la duración razonable de todo proceso hasta su conclusión.

Este conjunto de retrasos constituye un lastre que afecta el desempeño de la administración de justicia, además de ser una traba para el acceso de los ciudadanos a la defensa de sus derechos y garantías constitucionales.

Esta situación afecta principalmente a los casos en materia penal, lo que tiene consecuencia que muchas personas privadas de libertad no puedan dar término a su proceso y se mantengan en las cárceles.

De acuerdo con el informe estadístico del año 2022, la Suprema Corte de Justicia presenta 3,982 expedientes pendientes de fallo solamente en este Tribunal, de los cuales 1,553 tienen 12 o más meses.

Los actuales jueces han iniciado un Plan Antimora Judicial, con la finalidad de reducir la cantidad de expedientes por sala.

Dentro de las causas principales de la mora judicial podemos citar:

1. Falta de recursos financieros:  sin el presupuesto correspondiente, no es posible aumentar la capacidad de producción para dar respuesta a la cantidad de expedientes entrantes y fallar con la celeridad adecuada.

• Falta de simplificación procesal: a pesar de que se han dispuesto políticas para  la simplificación de los trámites y agilización de los expedientes, continúan la trabas en los procesos debido al desconocimiento del personal.

Las principales propuestas para la reducción de la mora judicial son:

1. Dar continuidad a los objetivos de reducción de mora judicial que se han implementado en la actualidad;
2. Elaborar modelos de sentencias y documentos administrativos para simplificar los procesos judiciales;
3. Dar seguimiento a la digitalización de documentos y las firmas electrónicas existentes.
4. Evaluación del personal para eficientizar y aumentar la productividad del capital humano;
5. Apoyar al sistema judicial y velar para que la gestión de los recursos humanos y financieros se realice con transparencia y con vocación de servicio para los usuarios.

Con estas propuestas y el seguimiento a los casos se puede reducir de manera significativa la mora judicial, y permitir que los ciudadanos puedan tener acceso a una justicia que le ofrezca seguridad y resolución oportuna de sus casos.

Referencias

1. Ley No. 194-04, de fecha 28/06/2004 que otorga autonomía presupuestaria al Poder Judicial y al Ministerio Público;
2. Suprema Corte de Justicia. Informe de Presupuesto Aprobado correspondiente al año 2022.
3. Suprema Corte de Justicia. Plan Antimora Judicial de fecha 17/03/2022;
4. Ley No. 489-08, de fecha 19/12/2008 sobre Arbitraje Comercial;